Investigan escándalo en el Instituto de Cultura: cuestionan contrataciones por $267 millones en pocos días
Las mismas supuestamente fueron autorizadas sin llamado a licitacion y los adjudicatarios casualmente son los mismos, esto desperto sospechas a periodistas y bloggeros de invetigacion que han dado muestras de documentos de ello
Mientras el Gobierno provincial sostiene un discurso centrado en el orden de las cuentas públicas y el esfuerzo que deben realizar los chaqueños para atravesar la crisis económica, nuevas órdenes de compra atribuidas al Instituto de Cultura del Chaco (Jurisdicción 34) abren un interrogante incómodo: ¿en qué se están gastando los recursos públicos y bajo qué criterios se adjudican determinados servicios?
Según la información difundida por la periodista Agostina Bottini en su facebook/blog personal , en apenas dos semanas se habrían registrado contrataciones por $267 millones bajo conceptos vinculados con asesoramientos, honorarios, preproducción y producción cultural.
El dato, por sí solo, no demuestra una irregularidad. Pero por el volumen de dinero involucrado, la reiteración de algunos beneficiarios y la proximidad temporal de las contrataciones, amerita explicaciones públicas detalladas de los pagos que Bottini adjunta en su publicacion.
La Fundación que vuelve a aparecer
Uno de los casos que genera mayores interrogantes es el de la Fundación Amigos del Arte y Turismo, que aparece en dos órdenes de compra.
La primera, identificada como OC N.º 244 del 27 de julio de 2026, por $30 millones, tendría como concepto la preproducción de la Bienal del Impenetrable en Juan José Castelli.
Pocos días después, el 5 de agosto, mediante la OC N.º 261, aparece nuevamente la misma fundación, esta vez por $100 millones.
En total, ambas operaciones representarían $130 millones para el mismo beneficiario en un lapso inferior a dos semanas.
La pregunta que necesariamente debería responder el organismo es sencilla: ¿qué servicios concretos corresponden a cada contratación, cómo se determinaron los montos y qué procedimiento administrativo se utilizó para seleccionar al proveedor?
Otros $137 millones bajo la lupa
El listado difundido incorpora además otras tres contrataciones:
$95 millones a Feliciano Luis Reidan —OC N.º 239, del 24 de julio— por honorarios vinculados con la preproducción y producción cultural de una intervención en la Peatonal de Resistencia.
$32 millones a Carlos Rubén Soto —OC N.º 233, del 22 de julio— por asesoramiento y producción del stand del Instituto de Cultura en la Bienal, incluyendo sonido, pantalla y escenario.
$10 millones a Ángel Sebastián Ordiz —OC N.º 253, del 31 de julio— por honorarios de producción vinculados con la Bienal Internacional de Escultura.
La suma de estas operaciones, junto con las dos adjudicadas a la Fundación Amigos del Arte y Turismo, alcanza los $267 millones señalados en el relevamiento.
La pregunta que incomoda
El problema no es necesariamente que el Estado contrate servicios culturales. Organizar una bienal, montar escenarios, producir actividades o desarrollar intervenciones artísticas implica costos.
La cuestión es otra: ¿son razonables los montos? ¿Existe competencia entre proveedores? ¿Hubo licitación, concurso de precios o contratación directa? ¿Quién autorizó cada operación? ¿Qué trabajos se realizaron y cómo fueron certificados?
Y, fundamentalmente, ¿qué contraprestación recibió y recibirá el Estado por esos $267 millones?
Responder esas preguntas debería ser una obligación elemental de cualquier administración que maneja recursos públicos.
El contraste con el discurso del ajuste
El impacto político del caso aparece cuando estas cifras se contrastan con el escenario económico que atraviesan los trabajadores y las familias chaqueñas.
Mientras se reclama austeridad, se discuten salarios y se recortan gastos, cualquier contratación estatal de decenas de millones de pesos genera inevitablemente sospechas y reclamos de transparencia.
Por eso, antes de hablar de un «escándalo» administrativo o de una eventual irregularidad —algo que debería determinarse mediante documentación y controles— hay un paso previo indispensable: hacer públicos los expedientes completos.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quién contrató, quién autorizó, quién cobró, qué trabajo realizó, cuánto costó y bajo qué procedimiento se adjudicaron esos recursos.
$267 millones no son un detalle contable. Son dinero público.
Y cuando una administración exige sacrificios a la sociedad, la transparencia sobre cada peso gastado deja de ser una cuestión política y se convierte en una obligación institucional.
