Se acentúa la crisis por los combustibles en Bolivia: 4 día de marchas y ruptura del vicepresidente Edmund Lara
La eliminación de la subvención del diésel y la nafta desató una fuerte reacción sindical y social en Bolivia, con marchas encabezadas por la Central Obrera Boliviana y una interna inédita dentro del propio oficialismo.
Bolivia enfrenta este viernes su cuarto día de protestas contra el gobierno, luego del aumento del 86% la nafta y del 162% para el diésel. En el medio de la tensión en las calles tras la medida, el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, apoyó las marchas y se declaró parte de una “oposición constructiva”, reafirmando la ruptura con el presidente Rodrigo Paz en apenas un mes y medio de mandato.
En ese marco, el vicepresidente alentó a los manifestantes a sostener las medidas de fuerza y les pidió “resistencia y convicción”, asegurando que “se vienen tiempos mejores” para quienes hoy protestan en las calles.
Qué es el Decreto Supremo 5503 y por qué está provocando múltiples protestas en Bolivia
El Decreto Supremo 5503, impulsado por el Gobierno boliviano, dispuso el retiro de la histórica subvención estatal a los combustibles, una medida que estuvo vigente por más de 20 años y que mantenía bajos los precios de la nafta y el diésel. A partir de su implementación, el litro de nafta registró un aumento del 86%, mientras que el diésel escaló un 162%, generando un impacto inmediato en el costo de vida.
La decisión provocó una rápida reacción de la Central Obrera Boliviana (COB), que declaró un plan de lucha con movilizaciones diarias, paros sectoriales y amenazas de aumentar las protestas si el decreto no se derogaba. Desde la central sindical advierten que el encarecimiento del combustible achica el poder adquisitivo de los trabajadores y profundiza la conflictividad social.
Si bien el Gobierno argumentó que el retiro del subsidio permite garantizar el abastecimiento de combustibles —tras meses de escasez— y representa un ahorro fiscal cercano a los u$s 10 millones diarios, la medida fue leída por amplios sectores como un ajuste abrupto. En paralelo, el decreto fue acompañado por un aumento del salario mínimo, que pasó de 2750 a 3300 bolivianos (de u$s395 a u$s474), además de la actualización de bonos sociales, aunque para los sindicatos estas compensaciones resultan insuficientes frente al salto de precios.
Las protestas se extendieron a distintas regiones del país, con marchas, bloqueos y concentraciones en ciudades clave como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En ese escenario, las protestas trascienden aún más por el respaldo público del vicepresidente Lara a las movilizaciones.
