Cayó Ariel Sosa, el prófugo más buscado del Clan Sosa: lo detuvieron en Buenos Aires con un DNI falso
Fue detenido en Villa Fiorito mientras se hacía pasar por otra persona con DNI Brasilero. Estaba prófugo desde abril de 2022 y tenía pedido de captura internacional. Es considerado el actual líder del clan familiar acusado de lavar dinero del narcotráfico.
Ariel Alberto Sosa, uno de los prófugos más buscados por la Justicia Federal de Sáenz Peña, Chaco, fue detenido este sábado por la noche en la localidad bonaerense de Villa Fiorito. Se trata del presunto líder del llamado Clan Sosa, una organización criminal familiar chaqueña investigada desde hace más de una década por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación ilícita.
La captura se produjo cerca de las 22 horas tras un trabajo coordinado entre el Departamento de Investigaciones Complejas Interior de la Policía del Chaco y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, Sosa fue interceptado cuando conducía una Toyota negra e intentó identificarse con un DNI apócrifo a nombre de Federico Narahian Dos Santos. Sin embargo, los efectivos detectaron irregularidades y lograron confirmar que se trataba de Sosa.
El operativo fue el resultado de un entrecruzamiento de información entre los departamentos de Homicidios y de Investigaciones Complejas, que mantenían activa la alerta por su captura. Intervino el Juzgado Federal de Sáenz Peña y el fiscal federal Carlos Amad, quien ordenó su detención inmediata y el secuestro del vehículo.
Ariel Sosa, de 41 años, estaba prófugo desde abril de 2022 y pesaba sobre él un pedido de captura internacional. Es hijo de Juan Alberto Sosa alia ¨Juan Loca¨, quien inició el entramado delictivo familiar en Sáenz Peña y falleció en 2015. Desde entonces, Ariel fue señalado como el nuevo cabecilla del clan.
Junto a su madre, Ana María Flamenco, y sus hermanos —Lucas, Hugo y Mariela— son acusados de integrar una estructura familiar que, según la Justicia, canalizaba ganancias ilícitas a través de maniobras de lavado: compraventa de vehículos, construcción de inmuebles, emprendimientos comerciales y hasta una financiera.
Las investigaciones comenzaron en 2009 y se intensificaron en los últimos años. En 2022 se realizaron 23 allanamientos, se secuestraron bienes y se logró detener a varios integrantes del clan. Sin embargo, Ariel, junto a Sergio Omar Fernández y Eduardo Acosta, logró evadir a la justicia hasta ahora.
Según la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña de Carlos Amad, el grupo habría operado durante más de una década en maniobras vinculadas al narcotráfico y al posterior blanqueo de bienes y capitales obtenidos de manera ilícita.
Sosa, de 42 años, fue localizado en las últimas horas en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuando personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, interceptó una camioneta Toyota Hilux negra que había sido reportada por el Centro de Monitoreo local tras ser advertida por el lector de patentes.
Es que el vehículo estaba vinculado a un violento robo ocurrido hace unos días en la localidad chaqueña de Villa Ángela y, por tareas encubiertas, le tenían la mira puesta a la camioneta que manejaba Sosa por Villa Fiorito.
El conductor, en apariencia identificado como Federico Narahian Da Silva Dos Santos, no presentaba impedimentos legales, pero algo les resultó sospechoso a los policías de ese hombre que manejaba la camioneta con pedido de identificación el domingo por la noche.
Sin embargo, ya dentro de la comisaría se determinó que se trataba en realidad de Ariel Alberto Sosa, quien registraba un pedido de captura vigente desde el 28 de abril de 2022 emitido por el Juzgado Federal de la Provincia del Chaco, en el marco de una causa por lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.
No es la primera vez que va preso: Sosa tiene un antecedente en el Servicio Penitenciario Federal que data de 2018.
El caso que derivó en su arresto forma parte de una investigación más amplia contra una estructura criminal señalada por el Ministerio Público Fiscal como responsable de transformar las ganancias del narcotráfico en bienes formalmente legales.
El clan Sosa
La causa tuvo su punto de partida en noviembre de 2020, a raíz de una presentación contable hecha por un profesional ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, en la que se consignaba que Ana María Flamenco, madre de Ariel Sosa, había generado ingresos brutos por casi 18 millones de pesos en apenas doce meses.
Aquella certificación activó una primera hipótesis de maniobra irregular y disparó una serie de actuaciones que involucraron a varios miembros del grupo familiar.
En paralelo, la Policía Federal recibió una denuncia anónima en la que se aportaban datos sobre una familia con el apellido Sosa, presuntamente involucrada en actividades de transporte y comercialización de estupefacientes en grandes cantidades, así como en operaciones para introducir al circuito económico formal los bienes obtenidos de esas actividades.
A partir de allí, el fiscal Carlos Amad ordenó el entrecruzamiento de datos patrimoniales, migratorios y societarios con organismos como la AFIP, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Caja de Valores, entre otros.
De esa batería de medidas surgieron evidencias que vincularon a los integrantes del clan con la adquisición y manejo de un gran número de vehículos, inmuebles, terrenos fiscales, emprendimientos inmobiliarios y locales comerciales, en algunos casos utilizando testaferros, contratos simulados o evitando formalizar las transferencias de dominio.
En función de estas pruebas, la fiscalía solicitó el 26 de abril de 2022 la detención e indagatoria de Ariel Sosa, su madre Ana María Flamenco, sus hermanos Lucas Matías y Hugo Sebastián Sosa, y otras personas del entorno familiar, como Mariela Alejandra Sosa, Lía Vanesa Ruth Paz y Sergio Omar Fernández.
Dos días después, el 28 de abril, se ejecutaron 23 allanamientos simultáneos, durante los cuales solo fue arrestado Lucas Matías Sosa, quien recientemente fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia a siete años de prisión por su rol en el esquema de lavado.
El juez Juan Manuel Iglesias, a cargo del proceso, también dispuso el decomiso de los bienes vinculados al delito y la aplicación de una multa equivalente al doble del valor lavado.
Durante el juicio, el fiscal Federico Carniel sostuvo que el clan operó entre 2009 y 2022, y que se valió de una red integrada por la familia Sosa y sus allegados, quienes “funcionalmente han intervenido para insertar, canalizar y recircular los fondos que se originaron del narcotráfico”.
Según sus palabras, se trató de una organización que con el paso del tiempo “se perfeccionó” mediante una serie de transacciones cada vez más complejas y estructuradas, tendientes a disimular el origen del dinero e impedir su rastreo.
La figura del padre, Juan Alberto Sosa, ya fallecido, aparece como el líder original de la organización, según reconstruyó la fiscalía. Una parte de los bienes fue inicialmente justificada con ingresos supuestamente generados por él. Cuando esa vía no era suficiente, los implicados habrían recurrido a nombres falsos, operaciones simuladas o contratos encubiertos para mantener el control sobre el patrimonio, sin que quedara evidencia legal del vínculo real.
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