El senado nacional aprobó el presupuesto 2926
Tras convertir en ley el Presupuesto 2026, el Gobierno logró sostener el artículo 30 que elimina los pisos de financiamiento en Educación y Ciencia.
De esta manera, el gobierno libertario deroga leyes que garantizan mínimos obligatorios de inversión en Educación y Ciencia y Tecnología. Pese a la avanzada ajustadora del oficialismo en estas áreas, el avance del proyecto no se vio trabajo gracias a la oposición dialoguista.
Qué plantea el artículo 30 del Presupuesto 2026
El texto impulsado por el Milei deja sin efecto disposiciones vigentes que establecen porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI) destinados a la educación y al sistema científico. Entre ellas, el piso del 6% del PBI para el financiamiento educativo y la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología. La iniciativa también impacta sobre el financiamiento de la educación técnico profesional, un sector que ya venía denunciando recortes y atrasos en la ejecución de fondos.
En vivo: sesión pública especial en el Senado por el Presupuesto 2026
Presupuesto de ajuste
La oposición y los actores del sistema educativo leyeron la propuesta en clave opuesta, aunque no lograron imponerse. En este sentido, consideraron que se trataba de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advirtieron que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centró en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En paralelo, el sistema de escuelas técnicas denunció que la eliminación del financiamiento específico implica una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.
Sin lugar a dudas, la sesión de este viernes definió el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. Más allá de los números, el tratamiento del artículo 30 expuso una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a chocar de frente.
