Locales
El PJ de Sáenz Peña solicitó la expulsión de un afiliado condenado por delitos de lesa humanidad
En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado, el Consejo Local del Partido Justicialista formalizó el pedido de desafiliación de Eduardo Wischnivetzky, sentenciado por secuestros y torturas durante la última dictadura militar.
En una decisión de fuerte peso simbólico y político, el Consejo Local del Partido Justicialista (PJ) de esta ciudad solicitó formalmente la expulsión y desafiliación de Eduardo Wischnivetzky. El pedido surge tras confirmarse su condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, hechos que el partido considera «absolutamente incompatibles» con sus principios fundacionales.
El documento, aprobado unánimemente en la reunión del Consejo Local realizada el pasado 24 de marzo, fue elevado al Consejo Provincial del PJ para su ejecución inmediata. La iniciativa fue presentada públicamente por el presidente del cuerpo local, Leonardo D. Arrudi, durante el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Fundamentos del pedido
La solicitud se sustenta en la condena firme ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Según el fallo, Wischnivetzky fue hallado responsable de delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra militantes de las Ligas Agrarias. Estas acciones, calificadas como crímenes de lesa humanidad, se dieron en un contexto de represión sistemática contra trabajadores rurales de la región.
»Se trata de hechos que constituyen una negación absoluta de los valores humanos más elementales y una afrenta directa a la memoria de las víctimas», señala el documento partidario.
Una postura ética y política
Desde la conducción local del justicialismo enfatizaron que la permanencia de un condenado por estos delitos en el padrón partidario contradice la identidad histórica del movimiento. El texto destaca que el peronismo se define por la defensa de la justicia social y la dignidad humana, banderas que resultan diametralmente opuestas al accionar por el cual Wischnivetzky fue sentenciado.
La resolución de este pedido queda ahora en manos del Consejo Provincial del PJ, que deberá formalizar la máxima sanción partidaria. Con este movimiento, el PJ de Sáenz Peña busca sentar un precedente sobre la ética interna y el compromiso democrático, especialmente en un año de alta sensibilidad histórica al cumplirse medio siglo del quiebre institucional de 1976.
