Bullrich busca enviar a Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa el traslado de 19 represores condenados por crímenes de lesa humanidad desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, señalada por los organismos de derechos humanos como una «cárcel VIP». Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz, conocido como «el ángel de la muerte», quien ya solicitó una celda individual en su nuevo destino. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) notificó la medida a distintos tribunales de Comodoro Py, mientras crece el rechazo por parte de víctimas y agrupaciones que luchan por la memoria, la verdad y la justicia.

La Unidad 34, que funciona en instalaciones del Ejército, fue cerrada en 2013 por decisión del Ministerio de Defensa, tras un intento de fuga de represores y reiteradas denuncias por condiciones privilegiadas. Durante la gestión de Mauricio Macri se reabrió, y ahora alberga a 52 detenidos, pese a tener capacidad para 115. Según informes oficiales, el lugar cuenta con pistas de caminata, canchas de tenis, gimnasio, huertas, talleres de teatro y hasta clases de stretching. Las habitaciones tienen heladeras, televisores y se autorizan visitas frecuentes. Un régimen muy distinto al que enfrenta el grueso de la población carcelaria argentina.

El argumento del SPF para justificar la medida es la sobrepoblación en Ezeiza, particularmente en el área femenina. Pero en los pabellones 5, 7 y 8 donde se alojan los represores hay apenas 19 internos. Además, el mismo organismo propone mantener el trato diferenciado al enviar a los mismos celadores que los atendían en Ezeiza y garantizarles conexión por Skype con sus familias. Algunos, como Cavallo o Pernías, también solicitaron celdas individuales. La mayoría de los tribunales intervinientes no se opuso a los pedidos.

Alfredo Astiz es el rostro emblemático de la traición, el espionaje y el asesinato sistemático que definieron el accionar del terrorismo de Estado. Fue quien, infiltrado bajo el nombre falso de Gustavo Niño, entregó a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Dumon y Duquet. Ellas fueron secuestradas, torturadas y arrojadas al mar desde aviones militares. También es responsable del secuestro de Dagmar Hagelin y de su rol protagónico en la ESMA, por donde pasaron unas 5.000 personas, de las que sólo sobrevivieron alrededor de 100.

«No buscamos venganza, buscamos justicia«, remarcaron desde H.I.J.O.S. Capital al rechazar la medida. Advirtieron que el traslado de los represores no resuelve la crisis del sistema penitenciario, sino que profundiza las desigualdades y privilegia a quienes cometieron los crímenes más aberrantes de nuestra historia reciente. «Es una medida que avanza en el camino de la impunidad», coincidió Mabel Careaga, hija de una de las Madres de Plaza de Mayo desaparecidas por el Grupo de Tareas al que pertenecía Astiz.

Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que la Unidad34 está equipada y que el Hospital Militar se encuentra cerca. Pero ex detenidos como Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, no tienen dudas: «Campo de Mayo no es una cárcel común. Es una cárcel de privilegio y los genocidas deben cumplir condena sin beneficios especiales».

Este traslado se enmarca en una política más amplia que viene desplegando el gobierno de Javier Milei. Bullrich eliminó el programa de recompensas para hallar a prófugos de la dictadura, su jefe de gabinete sugirió que no debería haber detenidos mayores de 70 años y se registraron visitas de legisladores oficialistas a los represores en Ezeiza y Campo de Mayo. Son señales coherentes con el negacionismo que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel ha sostenido durante años.